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Boletín de prensa 5 de octubre de 2011
EL TIEMPO
SENADOR BARRERAS URGE TRÁMITE PARA DOS PROYECTOS DE LEY
La Comisión I de la Cámara aplazó para el martes la votación del marco para la paz.
Se trata del proyecto del marco jurídico para la paz y la reforma de la justicia.
Los dos deben surtir ocho debates antes del próximo 20 de junio.
Según Roy Barreras, "el Congreso debe decidir si los va a aprobar o si los va a hundir".
La alerta la dio luego de que la Comisión Primera de la Cámara aplazó para el próximo martes la votación del proyecto que busca crear un marco para futuros procesos de paz.
Barreras hizo este pronunciamiento ante los reparos de algunos representantes liberales y de Miguel Gómez, de 'la U', quien catalogó la iniciativa de "inconveniente", pues, en su opinión, solo "busca beneficiar a los guerrilleros".
La idea de este proyecto es reformar la Constitución para que el jefe del Estado pueda, luego del trámite de un proyecto de ley, emprender procesos de desmovilización con organizaciones al margen de la ley.
De igual forma, se permite que los miembros de esos grupos que desarrollen un proceso de reconciliación puedan, después del cumplimiento de su sentencia y con autorización del Congreso, ingresar a la política.
El proyecto de reforma de la justicia, entre tanto, comenzará su trámite hoy en la Comisión Primera del Senado, luego de haber sido radicada ayer la ponencia positiva.
MAFIAS MÉDICAS
Por: Arturo Argüello
La desactualización del Plan Obligatorio de Salud es culpa de los intereses personales de un puñado de médicos que dicen representar a sus colegas.
La crisis ética del sector salud es muchísimo más profunda de lo que se cree, y se extiende en todos sus niveles sobrepasando los límites perversos de las muy desprestigiadas y criticadas EPS, que el Gobierno tercamente se empecina en mantener. En pleno proceso de actualización del POS, han empezado a surgir ciertas conductas que no puedo calificar de otra forma diferente a actos con tendencia criminal.
Si bien existe un sinnúmero de médicos que practican a cabalidad el imperativo hipocrático y buscan, por sobre todas las cosas, el bienestar del paciente, hay otros tantos sinvergüenzas que están al frente de asociaciones más políticas que científicas, que lejos de ser ejemplos de liderazgo y compromiso con su profesión y con la sociedad son unos canallas que sólo buscan el lucro personal.
A menos de 60 días de finalizarse el proceso de actualización del POS, se hace evidente un caso que empieza a resonar cada vez con más fuerza y que parece no escandalizar a nadie. La desactualización del POS no es culpa del mismo sistema de salud, ni del Gobierno, sino de los intereses personales de un puñado de médicos que dicen representar al resto de sus colegas. Por citar un ejemplo, menciono un caso que ya empieza a conocerse, donde un grupo de especialistas encargados de determinar si la toracoscopia (cirugía mínimamente invasora) para el cáncer de pulmón debía ser incluida o no en el POS, recientemente concluyó que no existe evidencia científica suficiente que justifique que el procedimiento es superior a la cirugía abierta, por lo cual no debería ser incluida. Lo que resulta incomprensible es que la toracoscopia es realizada a diario en la práctica privada de ese mismo grupo de especialistas, que, entre otras cosas, son considerados como la autoridad máxima en cirugía de tórax del país.
Esto que está ocurriendo con este procedimiento no es la primera vez que sucede. La laparoscopia, otro procedimiento mínimamente invasivo que, al igual que la toracoscopia, disminuye complicaciones, dolor postoperatorio, tiempo de recuperación, estancia hospitalaria, entre otros tantos beneficios para el paciente, ha estado por mucho tiempo por fuera del POS por las mismas razones: a ciertos médicos les rinde más lucro que estos procedimientos sean cubiertos por medicinas prepagadas o por el bolsillo de los pacientes, a que estén contemplados y hagan parte del Plan Obligatorio de Salud.
Una vez más está en juego la salud de todo un país. Procedimientos que están siendo evaluados en este momento, como la cirugía bariátrica y el by-pass gástrico para la obesidad, como la cirugía refractiva para los defectos de refracción, la laparoscopia en cáncer de cuello uterino y cáncer gástrico, la litotricia con láser para litiasis urinaria y los cientos de medicamentos para los que abunda la evidencia científica, entre otros, pueden verse en riesgo y quedar nuevamente excluidos del POS, porque algunos expertos o intereses de terceros que a todas luces carecen de eso que llamamos ética, prefieren seguir lucrándose a costa de la salud de los colombianos.
De ninguna manera se puede generalizar, pues sin duda alguna existen unas cuantas sociedades científicas cuya conducta es intachable, mas debo señalar que no es la primera vez que un grupo de médicos se pone de acuerdo para privar a los colombianos de su derecho a la salud. Como ya lo había denunciado anteriormente, algunas sociedades científicas por mucho tiempo han limitado la formación de los especialistas que necesita el país, con el único objetivo de acaparar, entre unos pocos, la totalidad del "mercado", mientras pacientes de gran parte del territorio nacional no encuentran atención especializada o deben esperar durante meses para obtener una cita, por la sentida escasez de médicos con conocimientos específicos que encuentra su origen en esos intereses de unos cuantos profesionales.
Y el problema es aún más preocupante. Si bien tampoco a nivel individual se debe generalizar, pues, como ya lo mencioné, hay miles de médicos que proceden con la dignidad y el profesionalismo que les es propio a su vocación, existen unos cuántos cientos sinvergüenzas que actúan de una manera u otra, según la cobertura que tiene el paciente, y, dependiendo de si pertenece al subsidiado, al contributivo, a prepagada o es privado, hacen algunas cosas que están de más, inútiles e innecesarias, por meterse unos cuántos pesos adicionales en sus bolsillos. U otros tantos que quisiera no tener que mencionar, que son proveedores de insumos que ellos mismos formulan.
Un sistema de salud donde un buen número de promotores, prestadores de servicios, sociedades científicas, profesionales de la salud, casas farmacéuticas, entre otros, demuestran comportamientos de mafias, tendencias criminales y evidentes faltas a la ética es un sistema donde el Gobierno ha perdido por completo su autoridad. Y siendo la salud un derecho que está por encima de los intereses de cada uno de los actores del sistema, se requiere de manera urgente una reforma donde lo primordial sea que el Gobierno Nacional pueda salvaguardar la salud de sus ciudadanos, protegiéndolos de los intereses malintencionados de unos cuántos grupos e individuos.
Ay, y si tan sólo este fuera un caso aislado, pero el sistema de salud no es muy diferente a los de educación superior, media y básica; en esos también hay un puñado de mafias que hacen lo que quieren, sin importarles que lo que está en juego es el porvenir del país y, tal como sucede con la salud, el Gobierno Nacional no tiene potestad ni autoridad para hacer nada, porque en algún punto se confundió la autonomía con el derecho a pisotear el futuro de los colombianos, porque en algún momento el Estado se hizo a un lado.
Aquellos que aún creen que la corrupción es propia sólo del Congreso, de ciertos políticos o de grandes grupos de supuestos empresarios, notarán con amargura, con tristeza, que en realidad el nombre de Colombia hiede a corrupción, y que en cada una de sus sílabas resuenan la complicidad, el eco del silencio de quienes conocen realidades como esta y que las callan, haciéndose llamar aun ciudadanos supuestamente honestos.
EL ESPECTADOR
¿COMPROMETIDOS CON LA LEY DE VÍCTIMAS?
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se aprobó en Colombia en medio de aplausos y felicitaciones al Gobierno.
Una iniciativa que fue aprobada en un tiempo muy corto y de manera casi unánime. Santos dio un paso muy importante, y aunque la ley ostente algunas falencias como el esclarecimiento histórico o la definición misma de “víctima”, entre otras, es un avance gigantesco en cuanto a la visibilidad de las víctimas, los derechos —tanto del orden nacional como del internacional— que a ellas asisten y el establecimiento de todas las fases y medidas para hacer efectiva su reparación.
¿Qué sigue? Lo más importante después de su poder simbólico: la aplicación. A menos de 30 días de realizarse las elecciones regionales y locales, una parte importante de lo que debe tenerse en cuenta —tanto para votantes como para candidatos— es, si quiere tomarse en serio, la aplicación de esta ley. Esto es claro ya que, como lo afirman los expertos, es a nivel local que las víctimas exigen una reparación a su favor. La verdadera puesta en marcha de esta política comenzará cuando queden en el poder los distintos funcionarios elegidos después de octubre. Un esfuerzo como este no puede quedarse en el papel; por ende, hay que estar preparados.
Lo primero es sumar esfuerzos para la consecución de dichos objetivos. Esto ya se ha venido haciendo. Hace ya un mes se unieron distintas organizaciones —Nuevo Arco Iris, Codhes y Redepaz son algunas de ellas— que tuvieron la iniciativa de diseñar un pacto para ser firmado por los candidatos, en el que asumen el compromiso de incluir el pleno acatamiento de la ley en los planes de gobierno y además implementar las políticas públicas territoriales para su realización. Así lo han firmado algunos candidatos a las alcaldías de Bogotá, Bucaramanga y a la gobernación de Santander.
Este compromiso no es nada corto. Incluye diseñar, dentro de las políticas del gobierno local, una serie de medidas que incluyan lo siguiente: programas de atención, que deben comprender la orientación, información y acompañamiento permanente a las víctimas; asistencia, es decir, algunas medidas para restablecer la vigencia efectiva de sus derechos; ayuda humanitaria, como socorrer las necesidades de aseo o alimentación; y finalmente reparación, que significa restituir, indemnizar, rehabilitar, satisfacer y garantizar la no repetición.
Aparte de éstas, se encuentran también otras tareas: la seguridad de las víctimas, la participación de las mismas en el diseño de las políticas, el desarrollo de toda la gestión de una manera pronta y eficaz, en donde la burocracia sea reducida al mínimo, y la concertación con el Gobierno, el primero que deberá reglamentar el tema.
La ley es un reto inmenso. Los candidatos, pese a ello y por el momento, se ven muy inclinados a darle un cumplimiento debido. Sólo esperamos que no sea una simple promesa de campaña que se quede en el aire dando vueltas, sino que más bien se convierta en una política pública clara y diferenciada, que no se confunda ni camufle con otras políticas sociales o de emergencia emprendidas por los gobiernos. A menos de un mes de que queden listos los cargos públicos, hay que hacer mucho más énfasis en un tema que, por obligación y no como un lineamiento opcional del programa, deben tener en cuenta todos los futuros gobernantes.
La hora de las víctimas puede llegar o no. Dependerá de la buena voluntad de los gobiernos por aplicar de manera concreta la ley, sin disfraces, sin esperas innecesarias, ajustada a los requisitos y principios que en ella misma se enuncian. Usar el instrumento es un tema fundamental para este país.
EL NUEVO SIGLO
CORTE SUPREMA INCÓLUME
La sana lógica indica que aquellos procesos o mecanismos que funcionan bien, no deben reformarse. Y eso es precisamente lo que advertimos desde el mismo momento en que se conoció el contenido del proyecto del Gobierno para modificar a fondo el funcionamiento de la rama judicial.
Si bien siempre hemos insistido en que el sistema de administración de justicia requiere una reingeniería, también advertimos que la misma debía aplicarse sobre los procedimientos e instancias que evidencian falencias y no sobre aquellos que por encima de todas las dificultades se han convertido en símbolos del imperio de la ley.
En ese orden de ideas, era a todas luces inconveniente y disfuncional la propuesta de retirarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad exclusiva de investigar, juzgar, acusar y condenar a los congresistas, ministros, directores de departamentos administrativos y otros altos funcionarios aforados. De acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo radicó en el Congreso, las etapas de investigación y la acusación serían asumidas por la Fiscalía General de la Nación y el control de garantías estaría en cabeza del Tribunal Superior de Bogotá, mientras que el juzgamiento en doble instancia tendría lugar ante la Sala Penal de la Corte, que para tales efectos se dividirá en dos secciones.
Era obvio que debilitar la capacidad del máximo tribunal de la justicia ordinaria para conocer de los procesos penales contra los más altos funcionarios del Estado era equivocado. De un lado, porque desconocía que el fuero de que gozan éstos actúa como un mecanismo de doble vía: primero, opera como una garantía para la ciudadanía sobre la transparencia que debe regir la actuación de quienes desempeñan funciones de primer nivel y, segundo, se convierte en una preeminencia para los propios imputados al tener la oportunidad de ser investigados y juzgados por la máxima jerarquía de la justicia ordinaria.
Es imposible desconocer que la Corte se erigió en los últimos años como el motor de investigaciones tan complejas como las de la parapolítica, que dejó al descubierto la alianza siniestra que decenas de parlamentarios, dirigentes políticos y altos cargos sostuvieron con los grupos de autodefensa y otros factores delincuenciales. De no ser por la majestad del alto tribunal y la forma institucional en que resistió los distintos ataques que se le lanzaron para tratar de amilanarla y bloquear el destape de esta peligrosa caja de Pandora, el Estado colombiano habría terminado cooptado por la ilegalidad al más alto nivel.
Afortunadamente la coherencia de los argumentos a favor de mantener la facultad exclusiva de la Corte para procesar a los funcionarios aforados terminó imperando, y desde el mismo seno de la Mesa de Unidad Nacional reunida en la Casa de Nariño se decidió corregir la propuesta inicial y en la ponencia del proyecto de reforma judicial no habrá cambios de jurisdicción en el sistema de juzgamiento de los congresistas. Las modificaciones se harán en el interior del alto tribunal con el fin de viabilizar en mejor forma lo relativo a la segunda instancia, mecanismo en el que ya la propia Corte había avanzado.
Ojalá tanto en las comisiones primeras como en las plenarias de Senado y Cámara no surjan de nuevo intentos de lesionar la competencia del máximo tribunal de la justicia ordinaria. La opinión pública entendería esas actitudes como abiertamente revanchistas. Es claro que la tarea de depuración de la política aún está a medio camino, y prueba de ello es que hay decenas de procesos contra parlamentarios y altos funcionarios aún pendientes de fallo en la Corte así como múltiples investigaciones en etapas preliminares. A ello se suma, que las denuncias sobre las anomalías en el actual proceso electoral evidencian que las alianzas espurias entre candidatos, mafias y grupos ilegales persisten. Mal se podría debilitar la justicia cuando se habla de un peligroso fenómeno de reciclaje de la parapolítica y otras formas de corrupción.
INICIA DE NUEVO DISCUSIÓN SOBRE PROHIBICIÓN DE DOSIS MÍNIMA
Vuelve al Congreso la discusión de la prohibición del consumo o porte de la dosis mínima de sustancias psicoactivas. El senador del Partido Verde Jorge Eduardo Londoño presentó un proyecto para desconstitucionalizar tal restricción.
Al respecto, el representante del Partido Verde Alfonso Prada argumenta que el consumo de la dosis mínima “es una libertad individual que ha existido tradicionalmente en la humanidad y que sigue existiendo. En la opinión de los científicos y médicos es más grave el consumo de licor que el consumo de marihuana. Esa decisión individual que no perturba la sociedad, es una decisión en la que nosotros procuramos no involucrarnos”.
Según el parlamentario, el Estado está obligado a ofrecer alternativas para poder hacer algún tipo de cura a las adicciones, lo que no choca para nada con la libertad individual. “Lo que no se puede hacer es meterlo a la cárcel porque fumó una dosis mínima de marihuana, porque bajo esa misma tesis tendríamos que meter a la cárcel a quien se tome un trago de aguardiente, porque causa el mismo y peor impacto en la persona”, concluyó Prada.
El también representante Telésforo Pedraza aseguró que “este es un tema que no se puede simplificar como se ha pretendido, como uno simple de salud, sino que es un tema vital contra el narcotráfico, contra los que cultivan y los que comercializan. Otro tema es el de los que consumen, de los que son enfermos, de los que dependen de las sustancias psicoactivas”.
Para Pedraza, “el Estado tiene que hacer una enorme campaña de prevención, que hace mucho rato que no la hacen, pero lo que no pueden hacer es mandar a la gente a la cárcel, porque la encuentran con una papeleta de marihuana o cocaína. ¿Dónde está la plata que se ha decomisado por concepto de los bienes que se han incautado a los narcotraficantes, la que se ha incautado en las caletas, de los bienes?, para que se hagan clínicas, campañas de prevención”.
SALARIO MÍNIMO ILEGAL
FERNANDO NAVAS TALERO
La Constitución de 1991 declara que Colombia es un Estado Social de Derecho; sin embargo, pareciera que esta declaración es un homenaje a la bandera. O tal vez, para este país macondiano, el sentido de esta proclama es diferente al que históricamente ha tenido desde la famosa Constitución de Weimar que hunde sus raíces en los movimientos obreros de 1848. Ha pasado mucha agua por debajo de los puentes desde esas fechas hasta hoy y, no obstante, los desequilibrios sociales son patentes y la justicia no llega aún a cubrir espacios de atropello y arbitrariedad en el campo laboral y de seguridad social que fue, en síntesis, el propósito de ese movimiento político y económico que se condensó en la idea de un Estado Social de Derecho. De ahí la indignación.
La alusión a la mentalidad macondiana, de una población que no encuentra en la historia del Nobel, El Coronel no tiene quien le escriba, una denuncia y protesta suficiente para generar indignación, sino un distraimiento literario y fantasioso, es para probar que sí existe un mundo mágico o alienado al que la historia no lo alcanza o le pasa desapercibida, condición por la cual, definiciones tan importantes como que Colombia es un Estado Social de Derecho no tienen ninguna repercusión en la realidad.
El vice Angelino, otra vez el Vice, invita a que el salario mínimo legal para el próximo año sea el resultado de un acuerdo entre patronos y trabajadores que estipule una remuneración digna al trabajo. Al tiempo, el delfín Presidente de la Cámara le hace coro y reclama que el salario mínimo debe ir más allá del índice de la inflación y otras alegóricas menciones sobre el tema. ¿Será que todo esto es cierto?
Para que el Estado sea un Estado Social de Derecho es indispensable que la autoridad intervenga puntualmente y sin disculpa en sectores comprometidos con la satisfacción de las necesidades sociales aplazadas históricamente. Aparte de que esa intervención es necesaria para que se logre que el salario mínimo alcance las metas que Simón Gaviria se fija en este campo, también será necesaria para que ese salario corresponda a la jornada laboral reglamentaria y al total de prestaciones obligatorias de los patronos con sus empleados, y esto sí que es una alucinación.
Una cifra mayúscula de los trabajadores registrados en las estadísticas oficiales para demostrar el crecimiento de la ocupación, ganan por debajo del salario mínimo; una remuneración cercana a $ 190.000 y el Estado no hace nada para reprimir a quienes explotan la necesidad surgida de la desocupación. Se trata de una ocupación regulada por la oferta y la demanda, un sistema que repudió y condenó el Estado Social. ¿No será hora de crear una policía laboral tan eficiente como la policía de tránsito que vigile el cumplimiento de las normas mínimas del derecho al trabajo y combata el salario mínimo ilegal?
REVISTA SEMANA
GOBIERNO INCLUYE AMPLIACIÓN DE FUERO MILITAR EN REFORMA A LA JUSTICIA
El gobierno incluyó en la reforma a la justicia un artículo para que haya presunción que los delitos de miembros de la fuerza pública sean actos de servicio y conocidos exclusivamente por la justicia penal militar.
A última hora, el Gobierno incorporó un artículo que establece la presunción de que los delitos cometidos por policías y militares corresponden a actos de servicio y serán conocidos sólo por la justicia penal militar, salvo puntuales excepciones. Polémica.
Este miércoles 5 de octubre inicia el primer debate de la reforma a la justicia, una de las prioridades del gobierno Santos con las que pretende descongestionar el aparato judicial y hacerlo más accesible a los ciudadanos.
Sin embargo, el proyecto también incluye reformas tales como el juzgamiento de los aforados, la regulación de las tutelas, la elección de magistrados y su edad de retiro forzoso, entre otros ajustes.
Pero con lo que no se contaba es con que este proyecto también abordara el fortalecimiento de la justicia penal militar, pero sobre todo, la ampliación del fuero que ostentan los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía.
El anuncio lo hicieron los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras, y stro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, durante un debate de control político en la plenaria del Senado sobre la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública.
Juan Carlos Pinzón admitió que aunque haya sido a última hora y no se haya discutido durante la elaboración del proyecto, el Gobierno consideró oportuno el momento para que la reforma a la justicia también aborde el fortalecimiento del aparato de justicia penal militar.
Por eso, explicó Pinzón, el Gobierno decidió adicionar un artículo al proyecto con el propósito que la Constitución del 91 les brinde “mayor seguridad jurídica” a los miembros de la tropa que día a día combaten a grupos armados ilegales o cualquier modalidad de crimen común u organizado.
El artículo, que desde ya se prevé muy controvertido, establece que todos los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Militares y de Policía serán conocidos exclusivamente por cortes marciales o tribunales militares, y “en todo caso” se presumirá la relación de estos actos irregulares con el servicio.
Según Pinzón, si esta norma es aprobada, sólo serían de conocimiento de la justicia ordinaria los delitos de lesa humanidad o genocidio, la tortura, la desaparición forzada, los mismos que ya están contemplados en el artículo tercero del Código Penal Militar y Policial.
En pocas palabras lo que se pretende es que la justicia ordinaria no opere sobre los militares y policías, salvo en los casos que se compruebe con claridad que los delitos no correspondieron al cumplimiento del servicio.
La propuesta se formuló luego que el propio ministro de Defensa admitió la preocupación entre todos los miembros de la tropa, oficiales y suboficiales de todos los rangos, por los vacíos en el marco jurídico que cobija las operaciones militares.
El senador Roy Barreras (La U), citante del debate en el Senado, consideró que además del temor de los militares de perder la vida en combate, está el temor de terminar en la cárcel tras una condena en la que la investigación y el juzgamiento la hacen civiles que “desconocen el lenguaje y los procedimientos de la guerra”.
Según Barreras, de los cerca de 440.000 miembros que integran las fuerzas militares y de policía, actualmente 4.280 están comprometidos en procesos judiciales. Dice el senador que muchos resultan condenados porque el lenguaje de la guerra es desconocido por los operadores judiciales del sistema ordinario.
“Atacar al enemigo es juzgado como acto de venganza personal del militar y se condena con dolo. Disparar por error es homicidio doloso. Si un miembro del Gaula dispara contra un civil que tiene secuestrada a una persona, podría ser investigado por homicidio en persona protegida. Estar cerca de la comisión de un delito, aunque no se tenga mando sobre el área, puede terminar en una condena a 40 años de prisión”, dijo Barreras.
Durante el debate, y para argumentar su tesis, Barreras también denunció que el bombardeo de la Fuerza Aérea al corregimiento Santo Domingo (Tame, Arauca) en el que murieron 17 civiles en diciembre de 1998, y por el que fueron condenados a 40 años de prisión tres pilotos, se trataría de un falso positivo judicial.
El caso Santo Domingo, recientemente fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado colombiano ya fue notificado de esa nueva demanda que cursa en su contra.
Fuero militar no es impunidad: gobierno
La reforma propuesta abordaría únicamente los más graves y urgentes problemas de la justicia penal militar, según explica el Gobierno. Uno de ellos es “los continuos conflictos de competencia” entre la jurisdicción penal militar y la jurisdicción ordinaria.
Para el Gobierno es necesario buscar una salida a la inaplicación de las normas sobre fuero militar y policial, lo que ha derivado en que las investigaciones y decisiones judiciales de los procesos relacionados con delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, sean adelantadas por funcionarios sin la especialidad para el recaudo y valoración de las pruebas del caso concreto.
La tendencia de que los casos sean conocidos por la justicia ordinaria, explica el Gobierno, ha aumentado el volumen de trabajo de los operadores de justicia, sin que tengan capacitación y recursos para atender este tipo de procesos.
El senador Roy Barreras también explicó que de los 112 fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, donde se adelantan las investigaciones contra miembros de la fuerza pública, sólo 10 tienen conocimiento en derecho internacional humanitario.
Para el Gobierno, la mayoría de procesos adelantados contra militares y policías no garantizan el debido proceso.
“Lo que se pretende no es un sistema de exoneración e impunidad, sino, por el contrario, una solución para asegurar la efectiva operatividad de una justicia especializada, ágil y conocedora de la vida militar y policial, para que sea ella quien conozca de las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo sólo cuando éstos estén objetivamente relacionadas con el servicio”, dice la exposición de motivos del artículo.
El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que el propósito es que la justicia penal militar sea “más draconiana” y que castigue con severidad los excesos de militares y policías en el cumplimiento de sus funciones.
Jesús Ignacio García (Partido Liberal) y Juan Carlos Vélez Uribe (La U), coordinadores ponentes de la reforma a la justicia, le admitieron a Semana.com que aunque aceptaron incluir esta propuesta de última hora, la iniciativa “aún no tiene pleno consenso”.
Otras normas para ampliar fuero
Esta no es la única norma propuesta para cobijar a los miembros de la fuerza pública. En el Congreso están en trámite otros dos proyectos de ley que buscan dar mayor seguridad jurídica a las tropas.
Uno de ellos es el de la defensoría técnica, que pretende que el Ministerio de Defensa cree un cuerpo de abogados especializados para defender a los uniformados investigados. Esta iniciativa ya superó su primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y en los próximos días se abordará en la plenaria de dicha corporación.
Mientras en la Comisión Primera del Senado avanza un proyecto que pretende crear una fiscalía especializada en asuntos militares y policiales. Esta iniciativa está en primer debate.
El polémico artículo
Actualmente, el artículo 221 de la Constitución establece: De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar y Policial. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.
La propuesta del Gobierno pretende incorporar el siguiente parágrafo:
En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones militares y procedimientos de la Policía Nacional. En estas situaciones, cuando haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial.
RCN RADIO
GOBIERNO ANUNCIA QUE INSISTIRÁ EN TUTELAS CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, afirmó en RCN La Radio que el Gobierno insistirá en ordenar las acciones de tutela contra las providencias judiciales para evitar la anarquía y el choque de trenes.
Esguerra Portocarrero indicó que en el proyecto de reforma a la Justicia que hace tránsito en el Congreso, el Gobierno insistirá en en la propuesta original en el sentido de que haya un reordenamiento sobre las tutelas contra las providencias judiciales para evitar el desorden que hoy existe.
"Se trata de evitar el absurdo de que un juez promiscuo municipal resuelva anular una providencia de la Corte Suprema por la vía de tutela. Entonces la propuesta es que las tutelas sean revisadas por el inmediato superior jerarquico del juez que profirió el fallo judicial", agregó.
El ministro Esguerra aseguró que a pesar de que la Comisión Primera del Senado resolvió que no fuera en su ponencia la propuesta del Gobierno y del Consejo de Estado, insistirá en las acciones de tutela contra las providencias judiciales para evitar la anarquía y choque de trenes.
El Gobierno está de acuerdo con que el Senado proponga cambios estructurales en el Consejo Superior de la Judicatura, y priven al organismo de la función de resolver tutelas.
El funcionario aseguró que es fundamental el sistema de superior jerárquico. En el sistema jurídico las tareas de los más altos tribunales son trazar las pautas generales a funcionarios menores, sobre normas jurídicas.
Respecto a las reformas del Inpec, aseguró que “el estudio continúa con toda suerte de complicaciones. Tendremos una reforma correspondiente, en el momento correspondiente”.
Finalmente, respecto al permiso de salida del ex congresista condenado Juan Carlos Martínez, condenado por “parapolítica”, aseguró que la culpa no es del Inpec. Explicó que la ley concede el beneficio a quien haya cumplido una determinada porción de la pena y ciertas condiciones, y que eso se certificó en Julio cuando se otorgó el permiso.
Afirmó que si Martínez abusó del permiso y lo utilizó no para resocialización sino para hacer proselitismo político, el Gobierno solicitará que se le retire el beneficio.
CORTE PONDRÁ EN CINTURA A BANCOS Y ENTIDADES QUE CONTROLAN BASES DE DATOS
La Corte Constitucional, apunto de declarar exequible la Ley del Habeas Data, protegerá el derecho de todo colombiano a que no se conozca su información personal, la cual es usada con fines comerciales por bancos y Call Center sin ninguna clase de restricción.
Según la especialista y asesora del alto tribunal Heidy Balanta, Colombia será la primera beneficiada, tras la expectativa de compañías multinacionales pertenecientes a la comunidad europea que exigen seguridad jurídica en la protección de datos para ingresar sus productos.
La ley contempla el castigo a entidades financieras, universidades y establecimientos comerciales que promuevan datos personales sin la autorización de los ciudadanos.
La iniciativa aprobada en el Congreso hace parte de la tarea de modernización del Estado del presidente Juan Manuel Santos para fortalecer la autoridad de control de la información privada.
Sin embargo, la Corte Constitucional no revisa actualmente estudia el Habeas Data financiero, puesto que ya fue aprobado en la Ley 1266 de 2008. Ambas leyes preexistirán y se complementarán.
"LA TUTELA NO SE DEBE TOCAR", DICE EL SENADOR LUIS FERNANDO VELASCO
Escuche la entrevista con el senador Luis Fernando Velasco
El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, se declaró contrario a la propuesta del Gobierno para que procedan las tutelas contra las sentencias judiciales.
Velasco, Ponente del proyecto de Reforma Constitucional a la Justicia, dijo que que ese reordenamiento de la tutela propuesto por el Gobierno ya se viene dando.
"No toquemos más la tutela, ese choque de trenes se está ordenando sólo y si la tocamos lo que se va a presentar es un choque de jumbos", afirmó en RCN La Radio.
También se refirió a su propuesta para ampliar el período presidencial y reiteró que no es partidario de la reelección presidencial.
"Uno tiene que ser coherente. Es claro que el presidente encontró unas reglas de juego que no vale la pena cambiárselas y si el quiere la reelección, yo le respeto eso. Hacia adelante cuando este presidente termine su período a mí si me gustaría armar un debate para aumentar el periodo presidencial", anotó.
Insistió finalmente en su iniciativa para desmontar los impuestos a la gasolina que hoy pagan los colombianos y señaló que en este momento hay más de 300 mil firmas para presentar una iniciativa popular al congreso que ordene el desmonte de los impuestos a la gasolina que hoy pagan los colombianos.
"No es serio que el Ministro de Hacienda diga que la gasolina en Colombia está subsidiada. Es producto tiene cinco impuestos que suman 2.500 pesos. Cómo va a tener subsidio un producto que en el resto del mundo es más barato que en Colombia", se preguntó Velasco.